Los juicios de lesa humanidad sirven para confirmar responsabilidades en secuestros, torturas y abusos, en homicidios, apropiación de niñez y robo de bienes ocurridos en la última dictadura cívico-militar y traducirlas en condenas. Pero también para abrir nuevos senderos en la investigación de esos crímenes que lleguen a represores hasta entonces no alcanzados por la Justicia. Así sucedió con el debate oral que culminó en Neuquén con 14 genocidas condenados y se convirtió en la punta del ovillo para empezar a reconstruir a la tripulación de una serie de vuelos en los que el Ejército trasladó a detenidos desaparecidos desde la Patagonia hacia Bahía Blanca. Tras ese puntapié, la justicia federal procesó a dos de ellos, los militares retirados Daniel Gordoa y Antonio Colombo, copiloto y mecánico de aquéllos, los llamados «vuelos del terror».
La decisión la tomó el juez federal Gustavo Villanueva a poco de que culmine el calendario judicial de 2022, según informó el periodista Pablo Montanaro en el diario La Mañana de Neuquén. Villanueva había quedado a cargo de la investigación sobre los vuelos que las fuerzas armadas usaron para trasladar a sus víctimas durante la última dictadura a mediados de 2021, luego de que la Fiscalía solicitara medidas de investigación para determinar quiénes habían tripulado los aviones.
“Fueron tres vuelos en los que las fuerzas represivas trasladaron a una veintena de víctimas secuestradas en Neuquén y Río Negro hacia Bahía Blanca”, indicó el fiscal José Nebbia. Los vuelos partieron el 10, el 15 y el 16 de junio de 1976 desde el aeropuerto neuquino Presidente Perón y trasladaron, en total, a 20 personas con los ojos vendados y las manos atadas. Fueron depositadas en el centro clandestino “La Escuelita”, que funcionó en Bahía Blanca. Recibieron torturas. Dos de ellas, las hermanas Dora y Argentina Seguel, sufrieron abusos sexuales. Eran adolescentes al momento de los hechos. Ocho permanecen desaparecidas; entre ellas la hermana de las jóvenes, Arlene Seguel.
Mientras trabajaba en el debate oral en los que se ventilaron aquellos hechos, Nebbia y el resto del equipo fiscal se topó con una revelación. “Revisando los legajos de militares nos encontramos con que Antonio Colombo, uno de los testigos citados para el debate, había tripulado uno de los vuelos bajo análisis”, contó a Página/12.
Colombo, técnico de aviación del Ejército, era testigo de la defensa de Juan José Capella, uno de los 15 acusados en aquel debate y que, tras el veredicto, se convirtió en el primer piloto de esa fuerza en recibir una condena -12 años de prisión- por su participación en crímenes de lesa humanidad. A Daniel Gordoa la Fiscalía también llegó por el análisis de su legajo, donde figuraba su designación como copiloto de la aeronave Twin Oter AE 106 -secundó a Capella- en la que se llevaron a cabo los traslados hacia Bahía Blanca.
Los militares fueron detenidos e indagados. A Gordoa le allanaron la casa en Buenos Aires, en Villa Ventana, donde la Justicia secuestró «documentación de vuelos definidos desde la base Espora en 1976, donde Capella era el jefe de la sección». Y el mes pasado, los procesaron por la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos de 20 personas, y el abuso sexual de dos.
Nebbia calificó de “importantísimo” el procesamiento de los militares retirados no sólo para el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, sino también porque sirve para sumar piezas que hasta ahora faltaban en el rompecabezas del plan de exterminio desplegado por la dictadura. Y, sobre todo, “es fundamental para les sobrevivientes”, subrayó: “Aquellos vuelos fueron una nebulosa en su historia. Estaban tabicados, no podían ver adónde los subían, los sentaban, los llevaban. No tenían registro de aquello y ahora lo estamos completando”
