A un mes de la implementación del programa Precios Justos, la última iniciativa del Ministerio de Economía para mantener a raya los valores de un grupo de productos de consumo masivo, el Gobierno detectó que el plan comenzó con algunos problemas de abastecimiento en las góndolas de los supermercados e inició rondas de conversaciones con empresas y superficies comerciales para ajustarlo.
En las primeras semanas de vigencia de Precios Justos los inspectores de la Secretaría de Comercio registraron un nivel de desabastecimiento cercano al 25% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el listado de casi 1.900 productos que forman parte de la canasta controlada y que mantendrán sus precios fijos hasta marzo.
La lectura que hacen en los despachos oficiales que hacen el seguimiento del programa de precios más reciente aseguran que los faltantes pueden estar explicados en un ritmo de reposición de productos en las góndolas más lento de lo ideal o que directamente se haya cortado alguna cadena de provisión. Esta última tesis es la que sostienen, por lo bajo, los ejecutivos supermercadistas y que ese fenómeno tiene lugar con algunos productos en particular.
En la Secretaría de Comercio creen que los incumplimientos de Precios Justos están más concentrados en disponibilidad de productos en las góndolas y en la señalética, uno de los elementos que consideran más sensible para la puesta en marcha de un programa nuevo, que todavía tiene que incorporarse a la costumbre de compra de los clientes y que es una “marca” novedosa para instalar, ya que absorbió a Precios Cuidados, el plan “decano” de control de precios.
La secretaría que encabeza Matías Tombolini se encargó, al inicio del programa, de repartir entre las grandes superficies comerciales, de todos los elementos identificatorios de Precios Justos para las instalaciones de los supermercados. El problema más urgentes, de todas formas, es el del abastecimiento. No detectan, por el momento, incumplimientos que estén relacionados a los precios que tiene el listado de productos. Es decir: lo que se ofrece, se ofrece con los valores acordados.
Entre los supermercados consultados por Infobae estiman que el nivel de entrega de productos por parte de las compañías proveedoras es mucho menor. En ese sentido, hablan de un 39% en promedio, con algunos rubros que directamente tienen entregas cortadas, entre las que nombran a los aceites. “Hay corte de entrega de aceites”, acusaron desde el supermercadismo.
Entre las empresas del sector aseguran que en términos generales el abastecimiento es aceptable, aunque de por sí la cadena de comercialización de los aceites tiene particularidades que hace difícil que tengan un nivel de abastecimiento completo en las góndolas. “Las entregas de aceites se enmarcan en un fideicomiso privado que fondea dinero para compensar parte del costo del girasol y eso hace que en determinados momentos las entregas vayan a un ritmo menor, pero se regularizan rápido habitualmente”, mencionó una fuente del sector.
En Comercio comienzan a hablar de la posibilidad de sanciones ante incumplimientos, aunque no se trata de un proceso rápido, sino que los trámites entre una denuncia hasta la aplicación concreta de una multa puede tardar “entre tres o cuatro meses”, explicó una fuente oficial. Recientemente, Comercio estableció multas de hasta un millón de pesos a los incumplimientos en que pudieran incurrir las empresas participantes del programa Precios Justos, con la opción de duplicar ese monto en caso de reincidencias reiteradas.
El decreto que reglamentó el sistema de sanciones determinó que en el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores, las multas se ubicarán entre $500.000 a $ 1 millón. Ese mismo rango aplica si ocurre una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos sin que hubiese como compensación algún producto sustituto.
Las multas por falta de señalética como la que detectaron los inspectores será de entre $200.000 hasta $400.000.Asimismo, la resolución establece multas de $150.000 a $300.000 si se utilizara esa señalética “en la oferta de productos objeto de fiscalización, que no se encuentren incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes”.
Por último, el Gobierno fijó multas de $250.000 a medio millón de pesos al “establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio”.
El programa de Precios Justos empezó como una iniciativa que contemplara un grupo grande de productos de consumo masivo en supermercados pero luego contó con medidas adicionales que lo complementaron como idea de referencia de precios.
En las últimas semanas se sumaron, así, el acuerdo con empresas petroleras para mantener a raya los incrementos de precios de combustibles en las estaciones de servicio, que tendrán una suba acotada al 4% por los próximos meses. La cifra no es casual, ya que responde a la expectativa de convergencia del ritmo mensual de inflación al que apunta el equipo económico para bien entrado el 2023.
También se sumó desde este martes el convenio con empresas productoras de insumos difundidos de uso industrial, que incluye materiales decisivos para la cadena de producción fabril como aluminio, vidrio, cartón y plásticos, que firmaron acuerdos particulares para cada caso, también con la intención de que tengan un sendero marcado de posibles aumentos.
Tanto para las empresas de consumo masivo que ingresaron a Precios Justos como a las energéticas que aumentarán de forma controlada las naftas como las firmas fabricantes de insumos industriales tuvieron, como zanahoria para formar parte de los acuerdos, la promesa del Ministerio de Economía de que contarán con un ritmo de acceso a divisas para importar más aceitado.
Fuente: Infobae.
