La justicia de Bahía Blanca sumó a la galería de juicios pendientes una causa que involucra a seis empresarios y un contador en una presunta asociación ilícita fiscal que habría permitido una millonaria evasión por parte de Austral Construcciones.
El juez federal Walter López Da Silva rechazó los planteos contra el cierre del expediente y a favor del sobreseimiento de cinco de los acusados, miembros de los grupos Ficcadenti y Ferreyra. Al mismo tiempo, clausuró y elevó a juicio la instrucción que se había iniciado en 2014, a raíz de una auditoría interna de la AFIP.
Ese organismo fue el que alertó sobre un circuito de emisión y comercialización de facturas truchas que se iniciaba en ambos grupos y llegaba a la firma emblema de los Báez, adquirente de los documentos apócrifos. En el medio figuraba la contratación de “servicios” o de “bienes” que las empresas bahienses no estaban en condiciones de prestar o que Austral tampoco precisaba.
La maniobra continuaba con la entrega de cheques que, una vez cambiados, por un lado volvían en pesos a Austral, que no los declaraba y por otro se dividía entre las usinas de facturas, a cambio del “servicio ilegal prestado”. Según estimaron los investigadores, el Estado habría sido estafado en unos $ 673 millones, por evasión de IVA y Ganancias.
El fallo de López Da Silva alcanza a Silvio Luis, Franco y Enzo Ficcadenti y Franco Nicolás, Denis Ariel y José Antonio Ferreyra, además del contador Rogelio Chanquía. Todos irán a juicio oral como integrantes de una asociación ilícita fiscal, según resolvió en agosto del año pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca que confirmó sus procesamientos, pero recaratuló el expediente.
Los jueces de la sala II Pablo Candisano Mera y Sergio Picado redujeron de organizadores a miembros el rol de Silvio Ficcadenti, José Ferreyra y Chanquía, en la maniobra. Así, los igualó en la presunta responsabilidad con los restantes acusados. Aunque no fue la consecuencia más importante del cambio que introdujeron los camaristas.
Además desprocesaron a Lázaro Báez, hasta entonces considerado por López Da Silva, el organizador de la asociación ilícita. Con argumentos de la propia defensa del empresario patagónico, Candisano Mera y Picado concluyeron que ya estaba siendo investigado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico de Javier López Biscayart.
Los camaristas coincidieron en que Austral Construcciones era una “mera usuaria” de las facturas apócrifas que emitían las usinas bahienses y no formaba parte de la auditoría iniciada por la AFIP. La decisión de la Cámara benefició también a Martín Báez.
Chanquía era auditor de dos empresas de las que emitían facturas truchas. Aún debe ser aún juzgado por un rol similar en otra causa que tiene como líder de una asociación ilícita fiscal a Juan Ignacio Suris. Una de sus firmas, creadas al solo efecto de emitir facturas apócrifas, tenía vínculos con algunas de las usinas bahienses investigadas.
(Clarín)
