Desde el bloque de diputados provinciales de Juntos se presentó este proyecto, a partir de las numerosas ocasiones en que los docentes son víctimas de violencia verbal, física y/o material en sus bienes, del Defensor Docente.
¿Qué dice el proyecto?
El texto de la iniciativa prevé que el docente pueda ser asistido y representado gratuitamente, a su solicitud, por un abogado provisto por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ya sea para la formulación de denuncias penales o correccionales, defensa ante denuncia criminal y/o la constitución como querellante particular, en aquellos supuestos o causas judiciales que se originen en actos de violencia, agresiones verbales, físicas y/o materiales ejecutados por padres, madres, familiares u otros allegados de los menores alumnos, con motivo del ejercicio regular de la función docente.
También que la Dirección General de Cultura y Educación deberá adaptar sus guías, protocolos y normas, vinculadas con esta materia a las disposiciones de la presente ley, con la debida intervención en lo pertinente, del Ministerio Público, a fin de garantizar la correcta aplicación de lo aquí dispuesto.
“Sería una ayuda para los docentes ante cualquier tipo de acoso, intimidación o violencia en las aulas, ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos, la administración educativa o los propios compañeros”, señaló el diputado Emiliano Balbín, autor del proyecto.
“Las consecuencias de las situaciones de acoso y violencia que sufren no solo afectan al propio docente, puesto que un maestro o profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación”, agregó.
